Todos contra BlaBlaCar y, en general, contra el coche compartido. Hace unos días ya os daba mi opinión sobre BlaBlaCar, a raíz de las quejas de las compañías de transporte de viajeros, que oficialmente habían declarado la guerra a BlaBlaCar y otros servicios similares que tan populares se han hecho en estos días. La respuesta del Ministerio de Fomento no se ha hecho de rogar y ha amenazado con intensificar los controles para sancionar a aquellos que presten servicios ilegales de transporte, mediante una nota recordatoria de la legislación vigente. La polémica sigue en el aire. Las empresas que ponen en contacto a conductores y pasajeros advierten de que su actividad, y la de sus usuarios, es plenamente legal. Pero mientras tanto, esta nota del Ministerio de Fomento no hace otra cosa que acrecentar la preocupación de los usuarios, mostrar una clara intención del Gobierno por rendir pleitesía al lobby del transporte de pasajeros y, en definitiva, evidenciar una elocuente incapacidad para adaptarse a los retos legislativos que imponen la tecnología y los avances de nuestra sociedad.
El Ministerio de Fomento lanza su amenaza
Multas para pasajeros y conductores de entre 600 y 6.000 euros.
Lo que recuerda el Ministerio de Fomento es que los transportes de pasajeros requieren una autorización especial, los correspondientes permisos y seguros y unas condiciones reguladas sobre un marco determinado, como el de cualquier otra actividad del sector servicios. De momento no se ha planteado ningún cambio con respecto a la legislación vigente, más allá del recordatorio, del aviso a navegantes. Las sanciones son importantes. Multas de hasta 600 euros para quienes “contraten” los servicios, de hasta 1.000 euros para quienes “oferten” sus servicios y de hasta 6.000 euros para quienes los realicen.
Salvo uso malicioso, la actividad de empresas como BlaBlaCar y amovens no es ilegal y se basa en el derecho de particulares a compartir gastos en un trayecto.
Como ya os contábamos en otra ocasión, que existan usuarios que hayan encontrado lucro en el servicio de intermediación entre usuarios prestado por estas empresas, no significa que haya que criminalizar una práctica que personalmente me parece totalmente lógica en tiempos de crisis, razonable en lo económico e inteligente en los tiempos que corren. Menos coches en la carretera también es menos CO2, es ahorro energético y el gozar de alternativas de transporte, ya sea compartido o en transportes públicos al uso, es muy beneficioso para los ciudadanos. BlaBlaCar no ha tardado en enviar un comunicado advirtiendo de que sus servicios, y los de su competencia directa, son legales. Con el revuelo que se ha generado en los últimos días, estoy convencido de que tendrán que mejorar la confianza de sus usuarios y reivindicar la seguridad de que los trayectos cumplen con ese fin de gastos compartidos, y no con el de transporte de viajeros fuera del ámbito legal. Pero, una vez más, no podemos hacer otra cosa que lamentarnos por la incapacidad del Ministerio de Fomento para ayudar a la proliferación de estos servicios.
Entre otras cosas, BlaBlaCar recuerda que en 2011 firmaron un acuerdo con el Ministerio de Industria, Telecomunicación y Comercio para fomentar las prácticas del coche compartido.
En teoría las sanciones no deberían “salpicar” a los servicios que respeten la filosofía de compartir gastos.
Personalmente creo que la nota del Ministerio de Fomento y su advertencia para estos usuarios pretende, primero, tranquilizar a las empresas de transporte; segundo, atemorizar a los usuarios; y tercero, recordar que intensificarán la persecución de estas prácticas. Por lo que estoy convencido de que pronto habrá sanciones, aunque también tengo la sensación de que esas irán dirigidas a las prácticas de lucro e ilegalidad más claras y no a usuarios que ejerzan su derecho a compartir gastos, sin lucro, amparados por la ley. Sucederá algo parecido a lo que hemos visto durante estos días en Twitter, a una oleada de usuarios juzgados por mensajes alusivos, en muchos casos, a la apología y el enaltecimiento del terrorismo.
El problema podría llegar para usuarios de plataformas como Uber, que presten servicios sin las pertinentes licencias, también para los taxis ilegales que proliferan en las grandes ciudades.
Dicho lo cual, me temo que otros servicios como los prestados por Uber, más parecidos a los prestados por un taxi legal, lo tendrán realmente difícil para subsistir, al menos para aquellos usuarios que realicen transportes sin cumplir con la normativa vigente. Lo mejor es que cualquier usuario, que participe ahora en esta modalidad de coche compartido, independientemente de que sea conductor o pasajero, sea consciente de las condiciones en las que está realizándose la actividad y se asegure de que cumple con la normativa (ver nota del Ministerio de Fomento) sin perseguir lucro alguno por ninguna de las partes implicadas. ¿Llegará el día en que nuestros gobernantes sean capaces de responder a los retos tecnológicos que se nos están planteando?
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